El fuego diez años después
Agrupaciones ecologistas reclaman mayor inversión en planes de prevención y no en extinción. El 55% de los fuegos son provocados en el país son intencionados
Este verano en España no ha sido de los más incendiarios desde que el
Ministerio de Medio Ambiente comenzara a recoger datos en 1968. De
hecho, durante la última década se mantiene una tendencia a la baja
tanto en hectáreas quemadas (1 hectárea son 10.000 metros cuadrados)
como en número de fuegos que tienen lugar a lo largo de la geografía
española.
En lo que ha transcurrido de verano, los focos más importantes se han
concentrado en Quesada, un pequeño pueblo en la provincia de Jaén y en
Sierra de Gata, al norte de Extremadura. En el primer caso, después de
dieciocho días de extinción han sido calcinados 10.098 hectáreas de los
que solo 342 era superficie agrícola y el resto forestal; en Sierra de
Gata las llamas arrasaron con 7817 hectáreas de las que 6400 eran
fincas.
Los trabajos de extinción generan unos costes económicos que según los datos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales ascienden hasta los 1800 millones de euros al año.
Esta cifra se debe considerar a la par de la cantidad de focos que
tienen lugar de media en territorio español: 14500 de media de los que
el 55% son intencionados según las estimaciones de la organización
ecologista WWF.
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| Zona de olivos de Perales del Puerto (Cáceres) arrasada por el incendio que estos días ha afectado a la Sierra de Gata. EFE/Carlos García / Carlos García (EFE) |
Para evitarlos, Lorena Hernández, portavoz de WWF,
considera que es urgente incrementar las partidas presupuestarias a la
prevención de incendios y no a la extinción: “las administraciones deben
elaborar estrategias de concienciación, limpieza y conservación del
suelo” que consoliden las zonas rurales y mejoren la calidad de la zona.
De esta forma, el bosque mediterráneo, que caracteriza a la mayor parte
de España, puede afrontar con mayores garantías un conato.
En este sentido, Hernández apunta hacia la necesidad de incluir
nuevos métodos de limpieza y consolidación incluidos dentro de esa nueva
estrategia de prevención: “la utilización del fuego bueno para afrontar el ataque del fuego malo
es una medida novedosa en el país que podría eliminar el bosque
homogéneo [con mayoría de una misma especie] para crecer de nuevo con
las especies de la zona”, afirma Hernández.
La tesis propuesta por WWF también concuerda con los postulados de Greenpeace. Miguel Ángel Soto,
portavoz de esta organización ecologista, realza el valor de nuevas
estrategias que afronten con eficacia la conservación de los montes: “el
medio rural está muy abandonado desde hace algo más de medio siglo y es
necesario fomentar actividades asociadas al campo como el fomento de la
biomasa”.
Ley de Montes
La modificación articulada por el ejecutivo de Mariano Rajoy incluye en su artículo 50 una excepción al bloqueo de la posibilidad de recalificación durante los siguientes treinta años después de la calcinación del terreno. Ahora, “cuando concurra razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley y siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada”, se podrá modificar el uso del terreno.La nueva modificación de la Ley de Montes (43/2003) publicada en el BOE el pasado 21 de julio, ha suscitado la desconfianza de algunos ciudadanos que han puesto en marcha varias campañas en change.org. La de Francisco Ortiz, un vecino concienciado sobre la necesidad de cuidar medio que lo rodea y con su domicilio a 100 kilómetros de Sierra de Gata, ha sido de las más exitosas, respaldada por 148.000 personas. Su objetivo es presentar una iniciativa legislativa popular que presione al Gobierno para rectificar esta modificación.
Sin embargo, WWF y Greenpeace coinciden en que lo que menos preocupa no es esta variación: en tan solo un 0.3% de los incendios provocados subyace la intencionalidad especulativa relacionada con la urbanización, según WWF. Greenpeace sintoniza también con esta idea: “el problema de los incendios en España es estructura; la Ley de Montes no tiene nada que ver”. Soto considera que “se debe incidir los problemas asociados al cambio climático”, uno de los principales causantes de los incendios en el país.
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