Córdoba / La trama púnica salpica a córdoba
Granados estudió financiar una de las ofertas por la farmacéutica Pérez Giménez
Día 13/08/2015 - 08.21h
El sumario del caso revela contactos de uno de los investigados con el Ayuntamiento por el contrato del alumbrado público
Los pinchazos telefónicos por parte de la Guardia Civil a Francisco Granados, exsenador y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid por el PP, y uno de los presuntos cabecillas de la denominada «operación Púnica»
-que investiga la adjudicación de contratos y obras públicas a cambio
de comisiones ilegales-, han revelado que el político pudo mediar para
que la trama participase en la financiación de una de las ofertas presentadas para adquirir la empresa farmacéutica cordobesa Pérez Giménez.
Así se deduce de una de las conversaciones interceptadas
por los efectivos del Instituto Armado y que consta en el sumario del
caso, al que ha tenido acceso este periódico. El exsenador realizó el 15
de octubre de 2014 una llamada a Victoria Cristóbal (quien
formó parte del equipo de asesores de Francisco Granados en la
Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid) y ésta le
preguntó «cómo había ido su comida». Granados le contestó que éste (la
Guardia Civil considera que pudiera tratarse de Alejandro de Pedro, uno
de los empresarios presuntamente implicados en la trama) le presentó «a alguien muy importante de la industria farmacéutica que es de Almería
y que iba a plantear una oferta para comprar una empresa de farmacia
muy importante en Córdoba», en clara referencia a Pérez Giménez.
En el transcurso del diálogo, Granados le contó a Cristóbal que el citado contacto quería dos cosas: «la financiación de esta compra y luego otro asunto raro» sin especificar nada más al respecto.
Así, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid aseguró
que el asunto le interesaba «más como contacto que por otra cosas, que
respecto al segundo tema le iba a decir que esas cosas no las hacían,
pero que en referencia a la financiación le plantearía a Vicente Idilses
(es una transcripción fonética del apellido) el asunto, que son 12 millones y que quizás podría colar». La conversación acaba y no aparece nada más al respecto en el sumario judicial.
En ningún momento de la charla interceptada por los
investigadores aparece el nombre de la firma a la que podría representar
la persona a la que se refería Granados que pretendía hacerse con la
farmacéutica, que entró en concurso de acreedores en noviembre de 2011
por una deuda de unos 50 millones de euros.
Con los datos disponibles, no es posible establecer quién era el empresario que propuso a Granados participar o
intermediar en la adquisición de Pérez Giménez. Efectivamente, durante
el desarrollo del largo proceso de la emblemática firma ha habido
empresas con sede en Andalucía e incluso en la provincia citada. De
hecho, la cifra de 12 millones de euros concuerda con algunas de las
ofertas presentadas en su día. También, hubo sociedades que decían tener
presencia en países de Latinoamérica, que es lo que asegura Granados
sobre su interlocutor, según los pinchazos de la Guardia Civil en el
teléfono del exdirigente popular.
Por
otro lado, y como adelantaron ayer los digitales «Voz Pópuli» y
«Cordópolis», los pinchazos telefónicos a uno de los conseguidores de la
trama, Pedro García Pérez, directivo de la multinacional Cofely-GDF
Suez acusada de amañar supuestamente concursos para hacerse con
millonarios contratos municipales de eficiencia energética, exponen cómo
se interesaron por el contrato del alumbrado público del Ayuntamiento de Córdoba
y afirmaron que tenían prevista una reunión con el alcalde (por
entonces el popular José Antonio Nieto) tras hablar con técnicos
municipales. Fuentes del PP reconocen los contactos, pero niegan que se
firmara nada con la trama. Aseguran, además, y que en el pliego se
interesaron y hubo reuniones con más de 20 firmas del sector.
Explicaciones
Las reacciones no se han hecho esperar. La cuarta teniente
de alcalde y delegada de Hacienda y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas (IU), manifestó ayer que «no es de extrañar que aparezcan sospechas» sobre el contrato del alumbrado público.
En una rueda de prensa, la concejal subrayó que sobre dicho
contrato el equipo de gobierno actual de PSOE e IU ha tenido «muchas
prevenciones desde un principio», de manera que «desde el minuto cero
hemos manifestado nuestra preocupación por cómo se había llevado a cabo una privatización del servicio de alumbrado público».
Por su parte, la sección sindical de CTA en el Ayuntamiento
de Córdoba exigió ayer a la actual corporación municipal que se abra una investigación interna de carácter administrativo, en la que además de participar los grupos políticos estén presentes las secciones sindicales del Consistorio.
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