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miércoles, 20 de abril de 2016

Encomiendas de Gestión = Maquinas de Corrupción.



CYL-EMPLEO FUNCIONARIOS

Pladepu pide a la Junta asumir que la encomienda de gestión suplanta empleo.

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Valladolid, 19 abr (EFE).- 

La Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu)  

Ha reclamado hoy que las Cortes de Castilla y León y el Ejecutivo autonómico asuman las tesis sobre las denominadas "encomiendas de gestión" que apuntan a que sirven para "suplantar" el trabajo de empleados públicos.






Este tema será abordado esta tarde por el procurador socialista Pedro González en la primera de las interpelaciones del Pleno de las Cortes de Castilla y León, sobre función pública.





El portavoz de Pladepu, Quinidio Martínez, ha explicado a Efe que las "irregularidades" denunciadas por el Informe de Fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión por las entidades del sector público de Castilla y León, elaborado por el Consejo de Cuentas, deben ser corregidas por la Administración autonómica, ya que se trata de una "privatización encubierta".

A través de un comunicado, Pladepu ha denunciado la existencia de un "conglomerado" de empresas públicas que califica como "administración B", que forman un instrumento de "destrucción del servicio público" y se convierten en "auténticas máquinas de corrupción".

En opinión de Martínez, lo planteado por el Consejo de Cuentas tiene "peso y autoridad" como para que la Junta de Castilla y León y las Cortes "se lo tomen en serio".


En concreto, el representante de Pladepu ha detallado que, con la excepción de la encomienda de gestión a la empresa estatal Tragsa, el resto de procedimientos de este tipo se hacen "sin contar previamente con las tarifas de precios públicos" y que según la normativa vigente "se deben cuantificar previamente", por lo que pueden estar "viciados de raíz".


Resultado de imagen de encomiendas de gestion maquinas de corrupcionMartínez ha denunciado que detrás de estos procedimientos existe una "suplantación de funciones" de empleados públicos, hasta el punto de que se produzca en algún caso la "cesión ilegal" de las empresas encomendadas hacia la Administración pública, al tener empleados únicamente dedicados a prestar ese servicio a algún ente público.EFE

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