Muere electrocutado en su primer día de trabajo un jornalero migrante sin papeles
Aldrich Rivera, de 30 años, falleció al tocar un cable de alta tensión mientras recogía naranjas en una finca de La Palma del Condado, en Huelva. No estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo, según ha podido saber 'Público'. El dueño de la finca costeará la repatriación del cadáver, según su pareja.
Dice Gleydis Tinoco que su pareja, Aldrich Rivera, "murió por obediente". Lo cierto es que falleció electrocutado el pasado 4 de mayo durante su primer día de trabajo en la recogida de naranjas en una finca de La Palma del Condado, una localidad onubense de poco más de 10.000 habitantes.
La noticia, difundida por la Junta de Andalucía, hablaba de un "trabajador" de 30 años que sufrió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión. Sin embargo, según han confirmado a Público fuentes de la investigación, Rivera no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni tenía permiso de trabajo, una infracción que la Ley de Extranjería tipifica como "muy grave" y que podría suponer a una multa de entre 10.001 y 100.000 euros para el empleador o el dueño de la finca.
Según la información que facilitó el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el accidente ocurrió alrededor de las 12.45 horas. Los compañeros de trabajo del fallecido lo trasladaron al centro de salud de la localidad, donde le practicaron sin éxito una reanimación cardiopulmonar. Tras confirmar el deceso, se alertó a Inspección de Trabajo, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, a la Policía Local y a la Guardia Civil.
La investigación continúa abierta y, por el momento, no ha trascendido ni el lugar concreto del siniestro ni la empresa o el empleador de Rivera. Aunque no era la primera vez que el joven se veía obligado a trabajar en la economía sumergida, algo habitual en el sector agrícola español y una de las pocas posibilidades de obtener ingresos para las personas migrantes en situación irregular durante los años de clandestinidad impuesta por la Ley de Extranjería.
Rivera llegó a España en 2019, según han publicado varios medios de comunicación nicaragüenses que se pusieron en contacto con su pareja, Gleydis Tinoco, también de Nicaragua. Fue taxista en su país, donde dejó a dos hijos menores, hasta que las deudas familiares lo llevaron a probar suerte en Europa. Aquí pensaba trabajar y ahorrar mientras trataba de regularizar su situación, aunque su objetivo era acabar en Estados Unidos tarde o temprano.
Él y su pareja residían en Sevilla, donde ambos se conocieron. Según la mujer, el fallecido llevaba días buscando trabajo en diferentes pueblos de Huelva hasta que lo encontró en esa finca de La Palma de Condado. "Por la finca pasaban cables de tendido eléctrico sobre un árbol de naranjas que [los jornaleros] habían decidido no tocar. El jefe les dijo que tenían que regresar a cortar las naranjas de ese árbol, todos dijeron que no. Mi marido fue el único que se regresó a cortar las naranjas. Chocaron los cables con la escalera metálica y las tijeras y se electrocutó. Murió por obediente", declaraba Tinoco al diario nicaragüense Despacho 505, que se hacía eco de la campaña de recogida de fondos que la mujer había lanzado para costear los gastos de la repatriación cuerpo.
El empresario pagará la repatriación del cuerpo
La campaña había sido ampliamente difundida entre la comunidad nicaragüense en España y los medios del país centroamericano, que todavía recuerdan con dolor la muerte de Eleazar Blandón hace solo diez meses. También nicaragüense y sin papeles, falleció en agosto de un golpe de calor mientras recogía sandías en una plantación cercana a Lorca (Murcia). Fue abandonado inconsciente en la puerta de un centro de salud y, posteriormente, se detuvo al propietario de la finca por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por el momento no ha trascendido ninguna detención en el caso de Rivera. Sin embargo, según informó la pasada semana su pareja en un vídeo de Facebook, la familia ha llegado a "un acuerdo" con el "propietario de la finca" en la que murió trabajando ilegalmente para que se haga cargo de los gastos de repatriación, "que no son nada baratos", precisaba Tinoco.
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