Hoy es el agua que próceres en nombre del pueblo privatizaron
"por que era su formula para crecer" mañana será el alumbrado público
el que vuelva a municipalizarse y quizás el mismo o otra cara del mismo nos
venda lo bueno y mas barato que es municipalizar lo que el mismo nos vendió
como la panacea del crecimiento de ciudades y pueblos , "lo mejor para el
pueblo , privatizar nuestras farolas para que una empresa ladrillera se lo
lleve crudo 20 años cuando seguramente él ni este en política quien vendió el servicio
de todos...penado, debería estar penado, privatizar algo que no es tuyo, que no
has pedido opinión a tu pueblo y que además ni aparecía en tus compromisos
electorales eso era cosa del PP no del PSOE nosotros no privatizamos ahora resulta que no solo privatizamos si no que
aseguramos que menos sanidad y educación el resto de servicios son
privatizables, es decir un socialista dispuesto si pudiera a privatizar hasta el aire, la policía, emergencias,
bomberos etc. etc,etc... muy bonito pero que muy bonito y aun hay palmeros aplaudiendo
madre mía .
Decenas de municipios blindan o rescatan el agua de la privatización
El cambio político tras las municipales genera una corriente para recuperar el servicio público
Raúl Limón
Sevilla
Imagen del pantano de Lora del Río (Sevilla) evacuando agua. / Alejandro Ruesga
La situación de los últimos años, cuando la crisis favoreció que los
Ayuntamientos lanzaran una oferta general de venta de los servicios de
agua a empresas privadas para hacerse con dinero, ha comenzado a
revertir. El
último cambio político municipal ha llevado a decenas de ciudades a
rescatar las empresas o a aprobar medidas para blindarlas ante posibles
privatizaciones. Santiago de Compostela, Valladolid, Vitoria o
Sevilla son algunas de las capitales que han abierto la senda para que
los grifos vuelvan o sigan en manos de los vecinos, mientras las empresas del sector defienden que la colaboración es la mejor fórmula.
- El Área Metropolitana de Barcelona revisa la privatización del agua
- El Canal, que Aguirre quería privatizar, ganó 225 millones en 2014
La capital gallega ha empezado el camino del rescate. Xan Duro
(Compostela Abierta), miembro de la Junta de Gobierno Local, tiene claro
que, “pese a que la legislación ha puesto muchas trabas”, recuperarán
el servicio, cuya concesión acaba en 2019. Le mueven diversos motivos:
la declaración de la ONU en 2010 que reconoce el agua como un derecho
humano, razones económicas
–Duro defiende que como mínimo pueden conseguir un 30% de ahorro que
revertiría en los ciudadanos- y evitar la supuesta corrupción. El sumario del caso Pokemon incluye “presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios” a sociedades privadas de agua.
“Con la empresa estamos perdiendo dinero y calidad”, justifica un
técnico de la entidad encargada del suministro en Valladolid y que ha
pasado por los dos modelos de gestión. A raíz de esta experiencia,
afirma claramente que la sociedad municipal es “mejor y perjudica menos al ciudadano”. La concesión caduca en dos años.
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Gregorio García, presidente del comité de Aguas de Valladolid,
coincide con su compañero. “Los trabajadores lo tenemos muy claro”,
afirma para explicar que una sociedad municipal persigue el servicio al
ciudadano y una privada, “el lucro a costa de lo que sea”. Su balance de
la última gestión empresarial es contundente: subida de tarifas, pérdida de calidad y una peor atención al público.
El primer pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua,
una iniciativa promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y
partidos que pretende evitar la gestión privada y defender este recurso
como derecho humano. El PP se abstuvo.
El concejal socialista Peio López de Munain defiende la importancia
de esta medida tras unos años de gobierno del PP que, según afirma,
intentó abocar a la privatización mediante la descapitalización de la
sociedad municipal y poniendo en riesgo su viabilidad con “excusas para
meter la mano en la caja”.
El Pacto Social por el Agua ha empezado a recorrer cientos de plenos municipales.
En Toledo lo promueve IU que, según el responsable de servicios
públicos de esta formación, José María Fernández, pretende aunar las
voluntades políticas y de los ciudadanos, imprescindibles para blindar
el carácter público de un servicio fundamental.
Las empresas defienden la colaboración
Las asociaciones en las que se agrupan las principales empresas privadas de gestión de servicios defienden que su labor
en solitario o en colaboración con sociedades públicas es positiva.
Estas consideran que la fórmula es tomar lo mejor de los sectores
público y privado para suministrar un servicio de calidad.
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, durante unas jornadas tituladas Un pacto social del agua ¿es necesario?, defendió que los retos prioritarios del sector son otros: el déficit de inversión en infraestructuras del agua, la cobertura de costes y la armonización, transparencia y responsabilidad ciudadana.
Sobre los costes, defendió un aumento progresivo de los mismos para
adaptarse a la normativa europea y al incremento de la demanda, sin que
repercuta de manera significativa en las economías familiares.
Este representante de IU enarbola las conclusiones de un informe tras
siete meses evaluando a las empresas privadas del sector que operan en
la provincia: no hay transparencia al anularse cualquier opción de
licitación, disminuye la calidad del agua y del empleo, se pierde dinero
por el “chantaje” que supone la cláusula de equilibrio financiero –"si
hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas paga el
ciudadano", explica- y falta eficacia.
Sevilla, con una histórica empresa pública metropolitana (Emasesa),
también se va a sumar al pacto social. El nuevo alcalde, Juan Espadas
(PSOE), ya ha empezado a establecer medidas incluidas en este acuerdo,
como impedir los cortes de suministro por impago, pero quiere que el compromiso con un derecho humano como el agua pase por el resto de ayuntamientos de los que dependen un millón y medio de vecinos.
Espadas cree que el PP, que gobernó hasta las pasadas elecciones en
la capital, tenía una “agenda oculta” para favorecer la privatización si
llega a mantenerse en el poder. El nuevo equipo municipal, del PSOE con
apoyo de IU y Participa Sevilla, rechaza esta posibilidad y quiere
comprometerse con los principios del Pacto Social, como el
establecimiento de garantías de suministro de un mínimo vital y
favorecer una gestión participativa. “No es politizar sino primar los
intereses generales”, defiende Espadas, quien se ha comprometido a
“revisar y reforzar los protocolos de la entidad” con el fin de asegurar
una actuación “sensible” con las circunstancias sociales.
En este aspecto coincide el gerente de la asociación de operadores
públicos Aeopas, Luis Babiano, quien destaca que el pacto social es una
“hoja de ruta” que va más allá de la defensa de un sistema de gestión y
pretende crear un nuevo modelo económico, ambiental y social al servicio
de los ciudadanos, en el que la prioridad sean las personas y la
participación de las mismas.
"El
Pacto Social del Agua no soló supone la paralización definitiva de la
privatización de nuestra agua sino que sienta las bases para la creación
de un modelo público 100%, transparente y participativo. Debemos
imaginarnos una ciudad más inclusiva, donde el agua sea de todas las
personas", afirma.
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