Luces Rojas
LA AUTORA
Sueño o pesadilla de una noche de verano
LA AUTORA
A 10 días de la celebración de las elecciones generales, todavía
no sabemos quién va a gobernar España y, por tanto, cuáles serán las
políticas futuras que modelen las vidas de los ciudadanos de nuestro
país. De los resultados electorales parece desprenderse una especie de
fatalidad que se oye por todos los rincones progresistas: cuatro años más del Partido Popular; cuatro años más de las políticas que ya conocemos. Como en el sueño de una noche de verano, Hermia obligada a casarse con Demetrio.
Pero hubiera podido (¿todavía puede?) ser de otro modo. Como en la hermosa fábula de Shakespeare, Hermia puede romper el destino y casarse con Lisandro. ¿Y nosotros?
Pero hubiera podido (¿todavía puede?) ser de otro modo. Como en la hermosa fábula de Shakespeare, Hermia puede romper el destino y casarse con Lisandro. ¿Y nosotros?
España tiene casi 4,8 millones de personas en situación de desempleo y una tasa de paro del 21% (la segunda más alta de la Unión Europea).
Hay dos colectivos que han sufrido con especial intensidad los
devastadores efectos de la crisis económica y de las políticas puestas
en práctica para afrontar la misma. Tenemos, por un lado, casi 1,3
millones de menores de 30 años en situación de desempleo y la segunda tasa de desempleo juvenil (45,3%) más alta de toda la Unión Europea
(sólo nos supera Grecia). Por otro lado está el colectivo de los
desempleados mayores de 50 años, más de 1,1 millones de personas en las
que casi nadie repara en el debate público. Completan
esta radiografía del paro los casi 2,5 millones de mujeres en situación
de desempleo, las más de 2 millones de personas que llevan dos o más
años en dicha situación y los más de 719.000 hogares en que no se
percibe ninguna renta.
Las políticas del Partido Popular respecto de las personas en situación
de desempleo ya las conocemos. Recortes de las inversiones en políticas
activas de empleo; recortes de las inversiones en protección por
desempleo y drástico descenso del número de personas con protección;
fracaso en la puesta en marcha del Plan de Garantía Juvenil para
afrontar el paro de los menores de 30 años; falta de respuesta frente al
paro de las personas mayores de 50 años y de las mujeres; fiasco
absoluto en la aplicación del Programa Extraordinario de Activación para
el Empleo para parados sin ingresos; y extensión del riesgo de pobreza hasta el 22% de la población.
¿De verdad que es éste el destino que queremos? Frente a ello, pueden y deben duplicarse las inversiones en políticas activas que mejoren la formación
y, en general, las oportunidades de encontrar un nuevo empleo; hacer
planes de choque específicos que reparen la situación de bloqueo de los
jóvenes sin trabajo y sin titulación de ESO; poner en marcha "empleos de
transición" para devolver a los parados de larga duración la
oportunidad de trabajar; afrontar con políticas de igualdad la brecha
entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia en el empleo;
elaborar una estrategia para el empleo de las personas de más edad y
recuperar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años; e inyectar
una renta mínima en todos los hogares que carecen de ella. Todo esto no es el sueño de una noche de verano. Es perfectamente factible. Basta con querer romper el destino que parece aguardarnos.
Contamos, de otra parte, con casi 15 millones de asalariados, pero se ha incrustado un modelo de relaciones laborales que tiene la precariedad y los bajos salarios como señas de identidad. Uno de
cada cuatro trabajadores de nuestro país tiene un contrato temporal.
Nuestra tasa de temporalidad es del 25%, la segunda más alta de toda la
Unión Europea (sólo está por encima de nosotros Polonia), y justo el doble de la tasa media de temporalidad
del 12,4% de los países de la zona euro. Nueve de cada diez contratos
de trabajo que se firman en nuestro país son temporales y una gran
mayoría de ellos, además, a tiempo parcial. De hecho, desde que gobierna
el Partido Popular, se ha incrementado notablemente el número de asalariados con contrato temporal
y a tiempo parcial, alcanzando hoy esta doble precariedad la cifra
record de más de 1,1 millones de trabajadores. Por otro lado, la
duración de los contratos temporales se ha rebajado hasta 53 días de
media al año y uno de cada cuatro dura menos de una semana.
A lo anterior se suma una bajada de salarios (coste laboral unitario real) del 5,7% y una cifra de salario mínimo interprofesional de las más bajas de Europa
(756 euros/mes, por 12 pagas, frente a 1.457 de Francia, 1.473 de
Alemania o 1.501 de Bélgica) . Lo que hace que el 45% de la población
asalariada tenga hoy salarios por debajo de dos veces el salario mínimo
interprofesional (con un alto 13% de asalariados con salarios por debajo de una vez el salario mínimo interprofesional). Además de estar repuntando la brecha salarial entre mujeres y hombres,
haber bajado considerablemente el número de asalariados cubiertos por
convenio colectivo y haber ascendido hasta el 15% el número de
trabajadores en riesgo de pobreza.
Y la pregunta es ¿estamos condenados a seguir así? Ya conocemos cuál es
la ideología de las relaciones laborales del Partido Popular. Precariedad, devaluación salarial, imposición de la voluntad empresarial, caída de la negociación colectiva y descrédito de las organizaciones sindicales y empresariales.
Pero hay otra política laboral posible. Unas relaciones laborales
edificadas sobre la base del equilibrio de poder de trabajadores y
empresarios, el diálogo y los consensos. Un sistema productivo
construido de unos "con" otros y no de unos "contra" otros. Audacia y simplificación en la definición de las modalidades de contratación y
justa utilización de la Inspección de Trabajo; subida del salario
mínimo interprofesional; recuperación del pulso y la capacidad de
distribución primaria de la negociación colectiva; y fortalecimiento y autonomía financiera de las organizaciones de representación
de trabajadores y empresarios. Eso y empezar a poner las bases de un
nuevo modelo de relaciones laborales que afronte los innumerables retos
de la digitalización de la economía sobre las instituciones del Derecho
del Trabajo y su impacto sobre las condiciones en que viven y trabajan
los asalariados y los autónomos. Tampoco esto es el sueño de una noche
de verano. Es un modelo de relaciones laborales moderno, dinámico y perfectamente homologable en
términos de productividad y competitividad al existente en los países
de nuestro entorno. Basta con romper con la fatalidad que nos invade y
ponerle voluntad política para hacerlo realidad.
Finalmente tenemos más de 8,5 millones de pensionistas (y pagamos 9,4 millones de pensiones). Desde que gobierna el PP la subida de las pensiones ha dejado de estar vinculada al mantenimiento del poder adquisitivo
y se ha abandonado la política de subida por encima del IPC de las
pensiones mínimas, que tanto beneficia a las mujeres, principales
perceptoras de las mismas. A cambio, las pensiones han subido un
raquítico 3,75%, que no ha llegado siquiera a compensar las
consecuencias que para los pensionistas ha tenido el desembolso del
copago farmacéutico.
Con todo, lo peor es que apenas llega dinero a la caja de las pensiones.
Una política laboral, como la del PP, basada en la precariedad y los
bajos salarios, sumada a una política de empleo centrada en la reducción
de cotizaciones a los empresarios, tiene su fiel correlato en el empobrecimiento de la recaudación de la Seguridad Social.
Los datos del último año (marzo 2015/marzo 2016) son bien elocuentes:
el número de cotizantes creció un 2,73% mientras la recaudación lo hacía
el 1,94%. Entre enero y marzo de este año las cosas siguen igual, la
recaudación por cotizaciones ha crecido un 1,94% en tanto que el gasto
en pensiones lo ha hecho en un 3,22%.
Así las cosas existe una excusa perfecta para "asaltar" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Después de tres años de dura crisis, a la altura de 2011, la hucha de
las pensiones tenía 70.000 millones de euros en su haber. Hoy, tras la
última "saca" de 8.700 millones de euros, hecha la pasada semana con nocturnidad y falta de transparencia,
el Fondo de Reserva está en poco más de 25.000 millones de euros. De
seguir con este ritmo, tendrá razón la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF) en su pronóstico de alcanzar los cero
uros en el Fondo de Reserva en 2017. Pero, sobre todo, tendrán razón quienes temen por la sostenibilidad del sistema y su capacidad para proporcionar, con base en los menguantes ingresos que está teniendo, pensiones dignas a la generación del baby boom que pronto empezará a jubilarse.
Nuevamente la pregunta es si todo tiene que continuar de este modo. Ya
conocemos la base ideológica de las reformas de pensiones del Partido
Popular. La ruptura de los consensos básicos habidos en el Pacto de
Toledo en torno a nuestro sistema de protección social y la reducción de
prestaciones hasta ese mínimo que haga poco menos que imprescindible, a
fin de percibir una pensión razonable, una entrada de los seguros
privados en el sistema de pensiones. Pero esto no tiene por qué ser de esta forma. También cabe recuperar el consenso político y social sobre qué modelo de protección social merecemos
como sociedad; garantizar el poder de compra de las pensiones y
financiar con impuestos específicos las pensiones del futuro; así como
erradicar las diferencias de pensión entre mujeres y hombres que hoy
empobrecen a las primeras; y crear instrumentos que permitan a los más
jóvenes acceder a una pensión digna dentro del sistema público. No es
ningún sueño de una noche de verano. Es una política perfectamente
realizable si rompemos el destino que parece aguardarnos.
Hermia y Lisandro huyeron al bosque del amor no correspondido para escapar del destino que les esperaba. ¿Podremos escapar nosotros? Ojalá, porque, en otro caso, el sueño de una noche de verano será solamente una pesadilla.
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Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) es colaboradora de Luces Rojas, la sección de análisis político de infoLibre.
Rodríguez es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad
de Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva del PSOE y exsecretaria
de Estado de Empleo (2010-2011).
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