UGT y CCOO por el derecho a la huelga sin represion politica.

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CCOO Y UGT PIDEN A LOS PODERES PÚBLICOS QUE RESPETEN EL DERECHO DE HUELGA Y LA FUNCIÓN DE LOS SINDICATOS

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO y UGT “la acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta 8 años de cárcel a representantes sindicales, constituye una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.

Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, UGT y CCOO han creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical. La principal tipología de conflictos de los que derivan las actuaciones sancionadoras están relacionadas con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en 2010 como en 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos administrativos y penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de Airbus, en el que se pide 8 años de prisión para cada uno de los 8 sindicalistas de CCOO y UGT imputados, 7 años de prisión para cada uno de los dos sindicalistas de hostelería de Madrid también imputados o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de de Baleares.

En total son 81 los procedimientos abiertos y 265 los sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos.

Por todo ello, UGT y CCOO se dirigen a las Delegadas y Delegados del Gobierno para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de España, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral.

Os convocamos a que acudáis a manifestar vuestra repulsa el próximo 9 de julio de 2014 a las 12 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara.

     ¡¡¡¡¡¡¡No nos van a callar!!!!!!!!