Piden 4 años a dos empresarios y un ingeniero por un accidente siniestro laboral mortal
Alicante, 23 ene (EFE).-
La fiscalía solicita provisionalmente
sendas penas de cuatro años de cárcelpara dos empresarios y un
ingeniero a los que acusa de un delito contra los derechos de los
trabajadores y otro de homicidio por imprudencia por la muerte de un
operario en la localidad alicantina de Salinas.
El juicio por este accidente laboral, ocurrido el 3 de junio de
2009, debería haberse celebrado en tres sesiones durante la próxima
semana en un juzgado de lo Penal de Alicante pero ha sido aplazado,
según han informado a Efe fuentes próximas al caso, que no han podido
precisar el motivo de la suspensión.
La fiscalía sostiene que la muerte del trabajador, que se
precipitó al vacío desde una altura de siete metros cuando colocaba unas
placas solares en una nave industrial de la calle Canarias de Salinas,
se debió "a consecuencia de la infracción de las normas de prevención de
riesgos laborales".
Según relata el ministerio público en su escrito de acusación, al
que ha tenido acceso Efe, la víctima pisó una placa translúcida situada
en el techo que se rompió y propició que cayera al interior de la nave e
impactara contra el pavimento.
Aunque el empleado llevaba arnés y casco, la inspección de
Trabajo constató después que no se habían cumplido "en su totalidad las
medidas preventivas planificadas en el Plan de Seguridad y Salud para la
realización de trabajos sobre cubiertas".
De esta manera, no existían líneas de vida como cables de acero
ni puntos fijos y seguros a los que poder anclar el arnés sin tener que
desengancharse para circular por la cubierta, y tampoco se habían
instalado sistemas anticaídas de sujeción ni la protección de red
horizontal había sido retirada.
Igualmente, pese a intervenir en la obra dos empresas, éstas
tampoco habían designado un coordinador en materia de salud y seguridad
que vigilase el cumplimiento de las actividades preventivas, "máxime al
incorporarse trabajadores nuevos como el fallecido", añade la fiscalía
en su calificación jurídica.
La acusación pública responsabiliza de estas deficiencias a los
administradores de las dos empresas del sector de la energía solar que
participaron en estos trabajos, así como a un ingeniero de una de ellas
que elaboró el estudio básico de seguridad y salud en la obra y debía
velar por su cumplimiento.
Además de los cuatro años de cárcel, la fiscalía pide para los
procesados tres años de inhabilitación profesional, el pago de sendas
multas y que indemnicen a los herederos del trabajador fallecido con
120.000 euros. EFE
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