Dice el Periodista Provincial.

por Roberto Mangas - 25-01-16 Fuente "El Heraldo del Henares"

Querellas políticas.

Todos las utilizan.

El 9 de marzo de 2015, hace diez meses, en relación a la denuncia del PP contra Bellido, Blanco y los técnicos municipales por el asunto de la supuesta estafa en las obras del Centro Joven, escribía en mi columna titulada “Bellido y los jueces” que “estoy seguro de que ni Bellido ni ningún responsable político del Ayuntamiento acabará sentado en el banquillo por este asunto. El sistema penal español no castiga la acción política, ni siquiera la pésima acción política, aunque esta pueda llevar a la ruina a un país, como hemos visto en España con la última legislatura de Zapatero. Solo se pena cuando un político distrae fondos públicos y se los lleva a su bolsillo. Que no es lo que aquí se ha denunciado”.       http://www.elheraldodelhenares.com/pag/noticia.php?cual=25022       Ahora, el juzgado encargado de la instrucción del procedimiento, ha acordado el sobreseimiento de la causa al entender que no se ha producido ningún delito, lo que ha liberado tanto a Blanco, actual alcalde azudense, como a Bellido, exalcalde y actual secretario provincial socialista, de la imputación que pesaba sobre sus carreras políticas.       De hecho, a Bellido esta imputación le costó la candidatura al Congreso en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, por lo que solo una repetición de las mismas, algo que ansía a tenor del contenido de algunos de sus tuits (Pablo Bellido ‏@PabloBellido_Az 2 ene. Si Podemos se empeña en el Referéndum independentista, es obvio q vamos a elecciones en mayo. Conviene prepararse para ello. Sin perder días), lo devolvería a la cabeza de lista al Congreso de la que le apeó in extremis Pedro Sánchez tras mantener la Audiencia provincial su imputación.       No obstante, en caso de que no se repitan las elecciones generales, tiene vía libre para ocupar cualquier cargo público que pacte con su amigo y secretario regional de los socialistas castellano-manchegos, Emiliano García Page. La delegación de la Junta en Guadalajara era su anhelo, pero está ocupada por Alberto Rojo, por lo que Page tendrá que buscar un nuevo destino, para él.       Volviendo al caso que nos ocupaba, el de los imputados judiciales, ahora denominados “investigados”, sean o no políticos, hemos dicho y repetido hasta la saciedad que urge una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.       Se debe evitar que tras una denuncia por el motivo que sea, una de las primeras diligencias judiciales es, inexorablemente, oír al denunciado en calidad de “imputado-investigado”, lo que, unido a la carga peyorativa que tiene la palabra, conduce automáticamente a su estigmatización. Como le ha pasado a Bellido.       Pero no solo a él, también a políticos del PP, como el alcalde de Jadraque, Alberto Domínguez, que estuvo imputado unos meses por el caso del gasóleo; al actual senador y exalcalde de Pastrana, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, al que la Audiencia provincial acaba de sobreseer las causas por las que estaba imputado; al exedil del PP de Alovera, Juan Vicente Hernández; o al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, al que también la Audiencia provincial acaba de dar la razón en la denuncia que puso contra él una militante de su partido.. (Por cierto, todas esas imputaciones también las dio EL HERALDO DEL HENARES en primicia y sin que nadie nos acusara de tener fobias especiales).       En algunos casos, sobre todo en el de Sánchez Seco, el PSOE no ha dudado en ningún momento en atacarlo con la expresión de “pluri-imputado”. Es decir, por un lado, los socialistas se quejaban del mal uso que se daba a la palabra “imputación” referida a Bellido, pero a la vez la lanzaban como un dardo envenenado contra sus oponentes políticos.       Por tanto, repetimos, somos partidarios de que cualquier instrucción judicial, salvo de la detenciones in fraganti, debería agotar todo tipo de diligencias a practicar antes de oír al denunciado, y solo llegar a esta situación si las pruebas anteriores conducen al mismo como autor de un delito.       Así, se evitaría que nadie tuviera que acudir a declarar ante un tribunal con asistencia letrada y la palabra “imputado-investigado” escrita en su frente para, unos meses después, tras escuchar el juez a decenas de testigos y recabar documentos de todo tipo, comprobar que no ha cometido ningún delito y ordenar el archivo de la causa.       Para Bellido, esta imputación solo le ha retrasado unos meses su acceso a un cargo público, pero en casos de personas sin su relevancia pública, les ha supuesto en muchos casos unos perjuicios irreparables (despidos laborales, divorcios, custodias de hijos...).       Ahora, desde el círculo más próximo al exalcalde azudense se clama venganza contra los ediles del PP que presentaron la denuncia contra Bellido (y dan sus nombres y apellidos, como marcándolos con una cruz: espero que ningún descerebrado entienda esos mensajes como un “ya tienes permiso para romperle las lunas del coche a este concejal”) y anuncian querellas por supuesta denuncia falsa.       Dejando a un lado que ningún abogado serio se arriesgará a hacer el ridículo presentando este tipo de querellas perdidas de antemano por un caso que ha estado judicializado durante un año, estos socialistas de nuevo cuño deberían preguntar a su exlíder provincial, Jesús Alique, si le salió bien la jugada de presentar denuncias (¿falsas?) contra la gestión del entonces todopoderoso presidente provincial del PP, Francisco Tomey.       Alique les dirá que sí, que con el apoyo de la entonces fiscal jefe de la Audiencia provincial de Guadalajara, María Ángeles García (más tarde miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE), consiguió imputar por supuesta falsedad (por los presupuestos de la Diputación) a Tomey ante Tribunal Supremo, en febrero de 1998.       Tomey no dejó de repetir día tras día que no había cometido ningún delito y que todo era una jugada del PSOE para acabar con su carrera política: "Creo que la denuncia del grupo socialista en la corporación provincial tiene fines electoralistas, para intentar conseguir con una utilización torticera de los tribunales, lo que no han podido por la vía democrática, mi expulsión del Senado y de la Presidencia de la Diputación" (Diario El País, 7 de febrero de 1998).       Y efectivamente. Esa imputación le costó el cargo de presidente de la Diputación un año después. ¿Adivinan quién fue su sucesor al frente de la Institución provincial...? ¡Premio!, ¡Jesús Alique!       Tomey fue exonerado de todo cargo y sin llegar a juicio por el juez del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, el 11 de mayo de 1999, poco antes de las elecciones municipales de ese año. Sin embargo, no recuperó nunca su carrera política. El socialista Jesús Alique, el denunciante, al contrario, tuvo una carrera meteórica a partir de ese momento (presidente de la Diputación, alcalde de Guadalajara, diputado, senador...).       Ahora, García Page lanza un brindis al sol y de forma demagoga dice que va a proponer que se inhabilite a los políticos que presenten denuncias falsas para obtener réditos electorales. Aparte de ser una solemne tontería, pues en el Código Penal ya existe esta figura (art. 456 y siguientes CP), no solo para la clase política, sino para cualquier ciudadano, García Page debería saber -al menos es licenciado en Derecho-, que no se puede reescribir un Código Penal solo para delitos políticos. Eso solo ocurre en las Dictaduras. Quizá su pacto con Podemos le está llevando a deslizarse peligrosamente hacia el abismo.       Debería preguntarse también, igual que hace con el caso Bellido, qué habría sido de la `meteórica´carrera política de Jesús Alique tras archivar el Supremo la denuncia contra Tomey.       En resumen: la argucia de utilizar la justicia como arma contra el rival político es tan vieja como la política misma. Por tanto, recomendaría a tantos y tantos ignorantes y adanistas que antes de escupir soflamas y tuits cargados de odio, revisen las hemerotecas, aprendan algo de historia y dejen de hacer el ridículo.         El pacto de la vergüenza       No nos estamos refiriendo al pacto que anhela Pedro Sánchez con los antisistema, los chavistas, los independentistas y los frentepopulistas, de ello hablaremos más tarde. Ahora nos referimos al pacto de Gobierno firmado por el alcalde azudense, José Luis Blanco, con un concejal expulsado de la formación política por la que se presentó a las elecciones, Ganemos, incumpliendo de esta forma el pacto antitransfuguismo que en su día firmaron PP y PSOE para todo el territorio nacional.       Según informó en primicia y exclusiva EL HERALDO DEL HENARES el pasado 11 de enero, Diego Parra fue expulsado de Ganemos el día 12 de septiembre de 2015, hecho este que fue notificado al propio alcalde mediante escrito presentado por su partido ante el registro municipal, el 18 de septiembre de 2015.       http://www.elheraldodelhenares.com/pag/noticia.php?cual=28737       Pues bien, obviar esa documentación convierte al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca en un Gobierno desleal con los pactos firmados por su partido. En política no todo vale.         El pacto de la traición       Si antes hablábamos del pacto de la vergüenza, firmado por el alcalde azudense, José Luis Blanco, y el exedil de Ganemos en el Consistorio de Azuqueca, Diego Parra, ahora nos tenemos que referir a los intentos del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de firmar un pacto con la ultraizquierda antisistema y los independentistas radicales con el único fin de desalojar de las instituciones al partido ganador de las elecciones, el PP.       Considerando que tener que escribir sobre esto ya nos causa a muchos sonrojo y vergüenza ajena por tener que compartir especie y nacionalidad con quien no tiene ni razón de ser ni sentido de estado, tenemos que decir que, de producirse finalmente esta traición a millones de españoles que no han votado por ello (ni siquiera la gran mayoría de socialistas de buena fe, que creyeron a su secretario general cuando dijo en precampaña electoral que “nunca pactaría con populistas”), nos convertiríamos en el único país del mundo cuya clase política retrocede una centuria.       Pactar con la ultraizquierda totalitaria bolivariana con tal de acceder al poder y desalojar con odio al partido que representa a más de un tercio de los españoles, no puede salirle gratis a quien no hace muchos años levantaba la mano en el consejo de Administración de una caja de ahorros a favor de seguir vendiendo “preferentes” a miles de familias que luego lo perdieron todo.       En España tenemos un grave problema, un inmenso problema, y se llama Pedro Sánchez y sus ansias de pactar al precio que sea con la representación más taimada y troglodita de la peor y más trasnochada ideología política, responsable de tanto daño y dolor en Europa, Asia e Hispanoamérica en el siglo XX.       También en el siglo XXI, como demuestran los 17 años de dolor, censura, hambre, detenciones y asesinatos políticos en Venezuela. Es llamativo que cuando en nuestro país hermano se quitan la mordaza y desalojan del poder a estos representantes de la barbarie política e ideológica, en España les quieren dar la llave del Gobierno.       Es el momento de decir alto y claro ¡¡¡no!!!. No a los pactos que pueden dividir y destrozar España; no a los pactos que nos pueden devolver a la caverna totalitaria; no a los pactos que nos lleven a la ruina económica; no a los pactos que nos lleven a la destrucción moral del país; no a los pactos del odio contra el discrepante ideológico; no a los pactos frentepopulistas...       No podemos pasarnos cuatro años sin gobierno, como ahora pasa en todos esos ayuntamientos en los que el PSOE aupó al bastón de mando a los chavistas, en los que el día a día se reduce a destruir tradiciones culturales o religiosas de la mayoría de la población que no les votó, y a intentar ganar en los despachos la guerra del 36, por no hablar del odio y persecución ideológica que se ha instaurado en las redes sociales hacia todos los discrepantes.        Las urnas no han dicho eso. Las urnas quieren diálogo entre los partidos constitucionalistas, progreso económico, paz, seguridad, atención a los más desfavorecidos... Las urnas no han dado mayoría a los frentistas. Que no se la dé el PSOE.       Ya hubo en la historia de España un Pedro I El Cruel. ¿Querrá ser recordado Pedro Sánchéz como Pedro El Felón...?         Un año más, los vados sin pagar       Un año más, todo indica que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares dejará de cumplir con su obligación de recaudar decenas de miles de euros en beneficio de todos los ciudadanos de Azuqueca, por el simple motivo de perdonar la tasa de salida de vehículos a la vía pública a unos pocos cientos, quizá miles, de vecinos que no la pagan.       Y la ley es clara: si hay garaje con salida a la calle, hay que pagar la tasa, independientemente de que se utilice o no el garaje. Pues bien, se da la circunstancia que los vecinos que no pagan la tasa exigen tener la puerta de su garaje vacía para sacar el coche. Algo inaudito en ningún municipio de España.       Ni García Bonilla, ni Bellido ni Blanco han hecho nunca nada al respecto en los últimos 37 años, por lo que el cabreo entre los vecinos que sí pagan la tasa (18 euros al año) va en aumento al ver cómo sus vecinos, que no la pagan, exigen que nadie les aparque delante.       Esta desidia, dejadez de funciones e incumplimiento de las obligaciones del cargo, le está costando miles de euros al año al Consistorio, euros que podrían ser dedicados para muchas cosas. Por ejemplo, como denunciaba el otro día IU-Ahora, arreglar los cajetines de las farolas públicas antes de que un niño meta la mano en uno de ellos y tengamos una desgracia que lamentar.       En caso contrario, que se devuelva a todos los vecinos que sí pagan la tasa el dinero abonado en los últimos cinco años.       @HeraldodelHenar