Un
lobby de empresas concesionarias revela
encuentros 'secretos' con políticos fuera de la agenda pública
- El Foro PPP, grupo de influencia que engloba a importantes empresas dentro de la denominada "colaboración público-privada" ofrece datos sobre sus reuniones con políticos de todo signo
- El director de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal, secretarios de Estado, directores generales y consejeros recibieron extraoficialmente a representantes del lobby
- La entrada de Ribera Salud en el citado grupo de influencia muestra el interés creciente por la industria sanitaria en el marco de la paulatina privatización de servicios
- Los lobbies siguen sin estar regulados en España, y parece que la nueva Ley de Transparencia tampoco va a paliar la eterna sombra de sospecha
Carlos Mier
17 de Febrero del 2014 a las 00:00
Al menos 25 representantes políticos, de diferente signo e instituciones, mantuvieron reuniones con el Foro PPP
–del acrónimo inglés Public Private Partnership (Colaboración
Público-Privada)- en el año 2012. Este hecho no representaría mayor
interés si el citado lobby no aglutinara a las principales empresas especializadas en servicios, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras públicas
y estas reuniones se recogieran en las agendas oficiales de los
políticos. Pero no es así. El único modo de conocer la magnitud de estos
“encuentros” de los representantes públicos con las empresas que año
tras año acuden a por su pedazo de tarta de las arcas del Estado
es rastrear la parte privada de la ecuación. Porque ha tenido que ser
el Foro PPP quien reflejara por primera vez dichas reuniones en su último resumen anual, un informe en el que
se enumeran sus “encuentros con las administraciones públicas”, citando
la identidad del político visitado pero sin ofrecer más detalles del
resultado de la reunión.
De este modo, el director de la Oficina Económica del Gobierno y uno de los técnicos más influyentes de Moncloa, Álvaro Nadal,
secretarios de Estado y directores generales de los ministerios de
Fomento e Infraestructuras, Medioambiente, Hacienda, consejeros de la
Comunidad de Madrid o de Valencia, diputados del Congreso en comisiones
de Fomento o Sanidad o incluso un portavoz en el Parlamento Europeo se
han reunido en “secreto” –al menos en secreto oficial- con los
representantes de empresas como Ribera Salud, Elecnor, Concessia, Eulen, Arup, Suez Environment o Veolia,
por citar algunos ejemplos. Todas son compañías punteras en
“colaboración público-privada”, aquellas que hacen las carreteras,
gestionan los residuos, el transporte o el agua de las principales
ciudades españolas, construyen hospitales y colegios, los aparcamientos
de la ORA o se encargan del mobiliario urbano. Para cerrar el círculo,
en el Foro PPP también están representadas las principales entidades
bancarias del país (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia…) y algunos de los despachos ‘auditores’ más importantes (KPMG, Ernst and Young, Gómez Acebo & Pombo, entre otros).
La Sanidad, el nuevo objetivo
La
energía, las infraestructuras, la gestión del agua y los transportes
son los cuatro pilares fundamentales de la colaboración público-privada, a los que habría que añadir un nuevo puntal: la sanidad. La reciente entrada en el Foro PPP de Ribera Salud,
madre del denominado modelo Alzira y una de las empresas líderes en el
sector de las concesiones administrativas sanitarias en España,
representa el nuevo campo abierto para el modelo PPP.
Ribera Salud, cuyo consejero delegado es
Alberto de Rosa, hermano del ex consejero de Justicia del PP en
Valencia y presidente en funciones del Consejo General del Poder
Judicial, Fernando de Rosa, participa en los hospitales y
centros de salud de Alzira, Torrevieja, Denia, Vinalopo y en la sociedad
Erescanner salud que gestiona el servicio de Resonancias Magnéticas.
En la Comunidad de Madrid está presente en la sociedad BR salud, gestora
del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que
da cobertura a seis hospitales públicos. Además, Ribera Salud ha
participado en la planificación, construcción, puesta en marcha y
consolidación del Hospital de Manises (Valencia) y el Hospital de
Torrejón de Ardoz (Madrid) hasta Diciembre de 2012, año en el que
Sanitas adquirió su parte. Todo esto le sirvió para facturar 385 millones de euros en 2011, todos procedentes de sus contratos con la administración.
Pero
Ribera Salud no es la única empresa orientada a la gestión sanitaria
presente en el Foro PPP. También forma parte de este lobby Concessia,
participada por Bankia y la CAM, y encargada de los proyectos de
construcción y explotación de servicios en los hospitales de Burgos,
Torrejón y Vigo. Además, completan la lista los australianos Bovis Lend Lease, concesionaria del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Obrum SA o la empresa Isolux, con la gestión de aparcamientos hospitalarios.
La alargada sombra de Gürtel
De
las empresas que han formado parte del Foro PPP destaca la presencia de
dos compañías relacionadas con la trama corrupta Gürtel. La primera de
ellas, Constructora Hispánica, estuvo incluida en el
plantel de empresas del citado grupo de presión en los años 2007 y 2008.
Por aquel entonces la constructora era propiedad de Alfonso García Pozuelo,
empresario que fue citado a declarar por el juez Ruz tanto en el marco
del caso de los papeles de Bárcenas como en relación a las investigaciones realizadas sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos en Boadilla del Monte de 2000 a 2009 a empresas del entorno del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y de terceros. En el auto de citación, Ruz explicaba que Constructora Hispánica había sido beneficiada con contratos a cambio de comisiones pagadas a cargos públicos del consistorio. Un caso muy similar al del grupo Ortiz,
que formó parte del lobby entre 2007 y 2011 y que también está
implicada en Gürtel a través de los pagos supuestamente realizados a
cambio de concesiones públicas.
Que viene el lobby
Cuando en España se pronuncia la palabra lobby, automáticamente se encienden alarmas de tejemanejes oscuros y corrupción.
Los grupos de presión, que buscan influir en las decisiones políticas
en su propio beneficio, viven en una laguna legal sin ninguna norma que
regule su actividad, a diferencia de otros países avanzados, en
los que existe una regulación y en donde son completamente legales.
Precisamente, según sus responsables, lo que abiertamente persigue el
modelo PPP, que desembarcó en España en 2007 procedente de Reino Unido,
es conseguir normalizar las actividades del lobby. Entre sus objetivos
se encuentran “tomar parte en el debate público aportando información y
conocimientos sobre todos los aspectos relacionados con la Colaboración
Público-Privada (CCP), tener una interlocución única, independiente y privada con las administraciones públicas y construir una red de encuentros y contactos entre las empresas del sector”.
Sin embargo, parece que la recientemente aprobada Ley de Transparencia
no responderá a las aspiraciones de regular el lobby. La oposición
socialista incorporó una enmienda a la tramitación de la que incluyera
promover “las iniciativas necesarias para la regulación de la actuación
de personas, empresas u organizaciones representativas de intereses ante
el Gobierno, la Administración y la Cortes Generales". Sin embargo, parece que desde el PP no están dispuestos a ceder en este punto,
ya que consideran que son los partidos políticos y no estos grupos de
presión quienes actúan de "enlace legítimo" entre la sociedad y los
poderes públicos. En este sentido, se apunta a "la dificultad
que entraña someter a control a los lobbies, grupos muy heterogéneos que
persiguen diferentes intereses cruzados".
Ya en marzo
del año pasado, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados
recurrió a su mayoría absoluta para rechazar en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas una proposición no de ley presentada
por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para instar a la creación de un registro de lobbies.
Registro que sí existe en otros países. Aunque no existen cifras exactas, se calcula que en Europa los grupos de presión mueven más de 1.000 millones de euros anuales, especialmente en Bruselas. Según el Registro de transparencia de Lobbies, hay más de 5.000 organizaciones operando en la capital europea, que dan trabajo unas 30.000 personas.
Este registro, de carácter voluntario y creado por la Unión Europea en 2008, se inauguró con la inscripción de la empresa española Teléfonica. Hoy ya hay 363 entidades domiciliadas en España inscritas en él. Entre las entidades podemos encontrar empresas como Repsol, Endesa o Mercadona.
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