Termoeléctricas y gasoducto: “Progreso” impuesto a golpes
“Se prepara una represión regional de grandes magnitudes para imponer el gasoducto, cuya estrategia encabeza Bonatti (subcontratada por Elecnor)
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| Oposición a una planta termoeléctrica en Morelos. Foto: Margarito Pérez |
Se
trata de uno de los planes de infraestructura más importantes para el
actual sexenio, pero a nadie se le ocurrió preguntar si los habitantes
de la zona intervenida estaban de acuerdo con la edificación de las dos
termoeléctricas y el gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Hoy, tanto
el gobierno federal como los de Puebla y Morelos emplean toda la fuerza
de los juzgados y sobre todo las amenazas y agresiones para levantar
una serie de obras cuyo beneficio ni siquiera está claro.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Los gobiernos del poblano Rafael Moreno Valle
(PAN-PRD-MC y Panal) y del morelense Graco Ramírez (PRD) quieren imponer
el Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que le urge a la
administración de Enrique Peña Nieto. Para lograrlo han recurrido a la
criminalización de luchadores sociales y al uso de la fuerza contra
comunidades indígenas.
La embestida de ambos mandatarios estatales
contra quienes defienden su derecho a la autodeterminación ya provocó
que 80 organizaciones civiles de distintos países, así como 90
intelectuales –encabezados por Noam Chomsky y Eduardo Galeano– firmaran
un pronunciamiento para exigir que cesen la represión y a la violencia.
Además,
dos visitadores de la ONU acudieron a Puebla para atender denuncias por
la presunta persecución que ha emprendido Moreno Valle para
desarticular la resistencia social contra diversos “proyectos de
muerte”, como los llaman los vecinos de la región.
El PIM,
ejecutado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prevé una
inversión de 22 mil millones de pesos y se compone de dos
termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 159 kilómetros que
pasaría por 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El
gasoducto quedó inconcluso en el sexenio de Felipe Calderón y lo
rechazan los habitantes de la zona. Los afectados son, en su mayoría, de
origen náhuatl y se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa
del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).
La
oposición se basa en las advertencias que desde 2011 lanzaron
especialistas del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias de
la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Centro
Universitario de Prevención de Desastres sobre el peligro de construir
las termoeléctricas y el gasoducto junto al volcán Popocatépetl.
Paralelamente,
académicos e investigadores han concluido en diversos foros que el PIM
desencadenaría múltiples afectaciones sociales, económicas y
ambientales.
Dos asuntos apremian al gobierno en el caso del
gasoducto, cuyo costo estaba fijado en 260 millones de dólares y que,
según el contrato, debía estar operando desde el 1 junio de 2013:
El
primero es que el contrato SE-CPSTGN-001/2011, firmado en noviembre de
2011 con la empresa española Elecnor –ahora asociada con la también
ibérica Enagás– contiene cláusulas que el consorcio podría invocar para
exigir una indemnización millonaria, pus la CFE ha incumplido con
obtener el derecho de vía.
Pese a ello, señala el estudioso, los
gobiernos de Puebla y Morelos, “en confabulación con el federal”, han
cometido múltiples violaciones a los derechos humanos para imponer el
PIM. Entre ellas se encuentra arriesgar la vida y seguridad de los
habitantes, no respetar el derecho de consulta, emplear la fuerza
pública de manera excesiva, fabricar delitos, perpetrar desapariciones
forzadas y coartar la libertad de expresión y manifestación.
En un
pronunciamiento que firmaron el 25 de marzo, las agrupaciones que
integran el FPDATMPT advirtieron: “Se prepara una represión regional de
grandes magnitudes para imponer el gasoducto, cuya estrategia encabeza
Bonatti (subcontratada por Elecnor). (…) La empresa provoca a los
pueblos, invadiendo sus tierras sin permiso, para después, en
coordinación con los gobiernos de los estados, identificar a los
opositores y demandarlos con delitos fabricados”.
Aunque los
funcionarios estatales aseguran que el gasoducto tiene un avance
superior a 80%, Miriam Vargas, integrante del FPDATMPT, refiere que
apenas cinco de las 60 comunidades por las que atravesará han dado su
permiso.
El terror en Puebla
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