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martes, 5 de enero de 2016

Politicos peligrosos, los Barrios, Cádiz


COMENTARIO DEL DIARISTA.




Cuando un político confunde su pueblo, su ciudad, su región , su país con algo propio, cuando oímos decir  "quien me ataca a mí, ataca a mi pueblo", cuando hablan en primera persona de "su ciudad “le dice al nieto si le gusta el "aeropuerto el del abuelito", cuando no distinguen la línea entre lo publico , lo de todos y lo privado, cuando negocian y privatizan por decenas de años con servicios públicos que le han sido entregados para su gestión cuando todo eso ocurre, los políticos deberían ser apartados de la política,  de manera inmediata.

Los Barrios / Política
04/01/2016 | comentarios (0)
La RPT, los presupuestos de 2013 y 2014 y las privatizaciones podrían quedar sin efecto si se ejecuta la sentencia del TSJA

La gestión de Romero, puesta en entredicho por los tribunales, varios cientos de expedientes tramitados entre 2013, 2014 y 2015 en el Ayuntamiento de Los Barrios podrían ser nulos de pleno derecho, al amparo de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras, de fecha 30 de abril, que considera ilegales las contrataciones de personal de confianza llevadas a cabo durante el mandato 2011-2015 por el equipo de gobierno de PA y PP que presidía Jorge Romero.

 La RPT, los presupuestos de 2013 y 2014 y las privatizaciones podrían quedar sin efecto si se ejecuta la sentencia del TSJA
Redacción / Foto: Archivo | Los Barrios
Dicha resolución judicial, que fue confirmada el pasado mes de diciembre por el TSJA, anula las mencionadas contrataciones y advierte de la posible nulidad de los actos administrativos en los que el citado personal intervino.

La referida sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Algeciras señala claramente que “la providencia para modificar la plantilla municipal e incorporar las cuatro plazas de los cargos de confianza se tramitó sin informe técnico alguno que la respaldase”. También indica que “las contrataciones se llevaron a cabo, fruto del pacto político entre PA y PP, no para desempeñar labores de asesoramiento propias de los contratados por las administraciones como personal de confianza, sino tareas que son competencias de los funcionarios municipales de carrera, después de haber amortizado 204 plazas y despedido a 115 empleados públicos”.

Entre dichos expedientes se encuentran el de la nueva Relación de Puesto de Trabajo (RPT), los de las privatizaciones de los servicios de mantenimiento del alumbrado público (Sitelec), limpieza y cuidado de parques y jardines (Acciona); algunas solicitudes de subvención presentadas ante distintas consejerías de la Junta de Andalucía; numerosas contrataciones de servicios externos aprobadas por la Junta de Gobierno Local y cuestiones que fueron llevadas a pleno avaladas por informes técnicos redactados por estos cargos de confianza. Además de los presupuestos generales del propio Ayuntamiento correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014, que podrían quedar sin validez.

Los contratados en enero de 2013 como personal de confianza de Romero fueron: Camilo José Lara Fernández, en calidad de director técnico de Políticas Económico-financieras y Presupuestarias y coordinador del Área de Recursos Humanos; Evaristo Ramos Alcoba, como director técnico de Administración Pública y coordinador del Área Jurídica; Agustín Llorens Tonda, como técnico auxiliar de Modernización y Administración Pública, e Iván Calderón Carrillo, como técnico auxiliar de Políticas Económico-financieras, Presupuestarias y Recursos Humanos.

Tanto el PSOE como el PIBA, grupos que constituían la oposición al equipo de gobierno de andalucistas y populares, advirtieron de la ilegalidad de los contratos de este personal de confianza en varias ocasiones y se les hizo caso omiso, aunque fue la formación que lidera el exalcalde Miguel Domínguez la que llevó el asunto ante los tribunales, con el desenlace ya de todos conocido.

A este importante varapalo que recibe la gestión de Romero como alcalde a través de la vía contencioso-administrativa se han de sumar también los varapalos procedentes de la jurisdicción de lo social, con un “centenar de despidos que van a ser declarados nulos por el Supremo en los próximos meses y que le van a suponer a la institución un desembolso de más de 12 millones de euros, aparte de la readmisión de los trabajadores”.

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