NOTA DE PRENSA SOBRE LAS DECLARACIONES DEL M. JUSTICIA SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
UGT no ha negociado con el Ministro de Justicia ningún aspecto referente a la privatización del Registro Civil
La Federación de Servicios Público (FSP) de UGT aclara que no ha
asistido ni ha tenido ninguna comunicación oficial, ni en mesa de
negociación para ningún aspecto de la privatización del registro civil.
UGT desmiente así, las declaraciones de Rafael Catalá, ministro de Justicia, quien afirmó que los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia conocían la situación del Registro y los posibles efectos sobre el empleo y que por tanto, no tenían nada más que decir al respecto.
UGT ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la privatización del Registro civil. El sindicato ha defendido ante su Administración los derechos de los trabajadores y reclama una mayor negociación colectiva para proteger y asegurar su empleo y sus condiciones laborales, pero también vela por los intereses de los apostando por los servicios públicos de calidad, que garanticen el Estado de bienestar. Por tanto, UGT tiene mucho que decir sobre las políticas del Gobierno del PP y mantendrá su oposición a la privatización del Registro y seguirá realizando propuestas y reclamando una solución.
El sindicato UGT sigue reclamando al Gobierno que garantice formalmente el futuro de los 3.500 puestos de trabajo comprometidos por la privatización del Registro.
Esta no fue la única falsedad que contenía la intervención del ministro de Justicia en el Senado, ante la pregunta del senador socialista por el País Vasco, sobre los planes de su ministerio. Rafael Catalá sermoneó al senador socialista en un tono faltón, contestando que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito y, ello porque “parece que no se entera, que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y, que además este servicio estará tutelado por el Ministerio de Justicia”, sentenció. Además, manifestó, que esta situación se había generado por la desjudicialización del Registro Civil -Ley 20/2011- que llevó a cabo el anterior gobierno y, por tanto, que si el Registro Civil se desjudicializa ya no puede ser su llevanza en la Administración de Justicia. Por último señaló que los secretarios judiciales, trabajadores en los que se había pensado para sustituir a los jueces y magistrados, no quieren asumir esta labor. Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT señalan que esta afirmación es incierta, pues el colectivo de secretarios sigue ofreciéndose para ello.
Pero nuestra denuncia como organización sindical por estas manifestaciones del Ministro, es porque dijo con toda la desfachatez y descaró, que además los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya saben que no se va a destruir empleo y que por tanto, no tenemos nada más que decir al respecto.
UGT desmiente así, las declaraciones de Rafael Catalá, ministro de Justicia, quien afirmó que los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia conocían la situación del Registro y los posibles efectos sobre el empleo y que por tanto, no tenían nada más que decir al respecto.
UGT ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la privatización del Registro civil. El sindicato ha defendido ante su Administración los derechos de los trabajadores y reclama una mayor negociación colectiva para proteger y asegurar su empleo y sus condiciones laborales, pero también vela por los intereses de los apostando por los servicios públicos de calidad, que garanticen el Estado de bienestar. Por tanto, UGT tiene mucho que decir sobre las políticas del Gobierno del PP y mantendrá su oposición a la privatización del Registro y seguirá realizando propuestas y reclamando una solución.
El sindicato UGT sigue reclamando al Gobierno que garantice formalmente el futuro de los 3.500 puestos de trabajo comprometidos por la privatización del Registro.
Esta no fue la única falsedad que contenía la intervención del ministro de Justicia en el Senado, ante la pregunta del senador socialista por el País Vasco, sobre los planes de su ministerio. Rafael Catalá sermoneó al senador socialista en un tono faltón, contestando que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito y, ello porque “parece que no se entera, que los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y, que además este servicio estará tutelado por el Ministerio de Justicia”, sentenció. Además, manifestó, que esta situación se había generado por la desjudicialización del Registro Civil -Ley 20/2011- que llevó a cabo el anterior gobierno y, por tanto, que si el Registro Civil se desjudicializa ya no puede ser su llevanza en la Administración de Justicia. Por último señaló que los secretarios judiciales, trabajadores en los que se había pensado para sustituir a los jueces y magistrados, no quieren asumir esta labor. Desde el sindicato de Justicia de FSP-UGT señalan que esta afirmación es incierta, pues el colectivo de secretarios sigue ofreciéndose para ello.
Pero nuestra denuncia como organización sindical por estas manifestaciones del Ministro, es porque dijo con toda la desfachatez y descaró, que además los sindicatos representativos de los funcionarios de la Administración de Justicia, ya saben que no se va a destruir empleo y que por tanto, no tenemos nada más que decir al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario