El
Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado en el Tribunal
Supremo a última hora de la mañana, que paraliza la entrega de la
llevanza a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, o la
privatización de este servicio público, prevista para el próximo 15 de
julio del 2015.
El Ministro de Justicia que había continuado con el proyecto del anterior Ministro de Justicia, Sr. Gallardón, se ha visto obligado a detener de momento,
esta nueva privatización y primera de la Administración de Justicia,
por la oposición rotunda de los propios Registradores, del Sindicato
UGT, y los demás operadores jurídicos, y de toda la ciudadanía, en
cuanto han sabido el coste económico que iba a tener para cada
ciudadano.
La
situación llego a tal nivel de tensión, que hasta algunos Registradores
de la Propiedad y Mercantiles han llegado a interponer un recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para detener este despropósito.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT
que lleva dos años luchando contra esta privatización con todo tipo de
acciones y movilizaciones, nos alegramos de esta decisión, pues UGT un
sindicato de clase, que además de luchar por los derechos de los
trabajadores, hacemos una firme apuesta por los servicios públicos
gratuitos y de calidad, mirando y buscando por el bienestar de todos los
ciudadanos y por la defensa y manteniendo del estado de bienestar a través de la potenciación de los servicios públicos, no entendíamos ni aceptamos esta privatización.
Ahora
con el anuncio realizado en el día de hoy, por el Ministro de Justicia,
esperamos que esta noticia se confirme de manera oficial en la mesa
sectorial convocada para el próximo día 28 de abril.
Esta
decisión no habría sido posible, sin la apuesta firme de los
trabajadores de los Registros Civiles de este país, que junto a la lucha
de esta organización sindical que ha buscado apoyos en otros operadores
jurídicos y asociaciones de consumidores y cumbre social, hemos
mostrado al Gobierno del PP nuestra rotunda oposición a aceptar esta privatización.
Ahora sin bajar la guardia, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT seguirá vigilante para ver que el anuncio realizado por Rafael Catalá se cumple realmente, y que su decisión es verdaderamente cierta.
Pero para UGT sólo tendrá validez una propuesta consensuada que, mantengan el
Registro
Civil en la Administración de Justicia y servida por los funcionarios
de la Administración de Justicia, que somos los auténticos profesionales
en esta materia y auténticos valedores de la reserva de los datos tan
privados que se inscriben en el Registro Civil.
En Madrid , a veinticuatro de abril del dos mil quince.
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