Miranda del Ebro, dice no a la "colaboracion" público -privada....

Miranda del Ebro sigue siendo ejemplo de la defensa a ultranza de los servicios públicos que nuestros políticos  azules y rojos se han empeñado en regalar a empresas privadas por lustros, el agua , el alumbrado, la limpieza , la jardinería, el cobro de recibos e impuestos, la lectura de contadores , las ludotecas, las clases  de practicas deportivas, la piscina cubierta y la de verano, luego para ahorrarse unos euros se dan de alta como empresa taurina así sale mas barato, o compran un camión de desatrancos propio así sale mas barato o una hidrolimpìadora así sale mas barato y la tenemos siempre a nuestra disposición.

Alrededor de 500 personas se manifestaron ayer por las calles de Miranda para reclamar que el servicio de Urgencias no se convierta en una Unidad de Gestión Clínica, que abriría las puertas a su privatización. Durante el recorrido se lanzaron gritos como “No somos clientes, somos pacientes” o “Fuera las empresas de la Sanidad”

Una vez llegados a la plaza se leyó un comunicado en el que se recordó que fueron los mirandeses y mirandesas los que consiguieron un hospital nuevo para la ciudad, y que en sucesivas luchas, entre otras cosas se ha conseguidos que haya dos oncologos en este. Por eso se animó a luchar contra la conversión de Urgencias en una UGC, un modelo que beneficiaría a una minoría, a costa de la salud de la mayoría.

El Diarista recuerda que:

Cuando se vulneran los derechos de una persona, el desafío es contra los derechos de todas las personas; y ser directa y personalmente la víctima, no es tanto una cuestión de buena o mala suerte, como una simple cuestión de tiempo.

La privatización de servicios públicos es la mayor fuente de corrupción que existe hoy en día.

Privatizar quiere decir que se entrega un servicio público a unos particulares para que lo gestionen a sabiendas de que esos particulares no hacen nada altruistamente sino que lo hacen para enriquecerse, lo que implica que el lucro vendrá de dos partidas: 

Una, la disminución de costes laborales y de otro tipo con el progresivo deterioro del servicio que se presta; otra, directamente de los presupuestos del Estado cuando eso no baste para alcanzar el lucro que se pretende. 

Privatizar, es por tanto, un delito, uno de los más graves delitos que puede cometer un gobernante y permitir un gobernado