domingo, 8 de diciembre de 2013
Privatizacion alumbrado publico ,Valencia,XXIII.
Anulada la privatización del alumbrado de Paterna
El Tribunal Central de Recursos Contractuales acepta la denuncia de la empresa que quedó segunda en el concurso por un "vicio" en el pliego
04.07.2013 | 00:00
cèsar garcia paterna
La Junta de Gobierno Local
del Partido Popular aprobó por vía de urgencia, en su última sesión,
desistir del proceso de privatización del suministro eléctrico y
mantenimiento del alumbrado público -licitado a principios de años por
19,6 millones bajo la fórmula del contrato mixto para 10 años- después
de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (TACRC) que consideraba que el pliego de condiciones
"adolece de un vicio insubsanable". Este órgano adscrito al Ministerio
de Economía y Hacienda se pronunció ante dos recursos de sendas empresas
concursantes en la licitación..
El recurso que ha dado origen a la anulación del acuerdo de la Mesa
de Contratación fue presentado ante el Tribunal por Elecnor, segunda
con 85,34 puntos en el concurso público frente a la UTE formada por Gas
Natural, Germania y Creara,que logró 86,64 puntos. Inicialmente también
concurrieron otras dos sociedades -Monrabal e Imesapi- descartadas en
una primera criba.
Imesapi fue la otra firma que recurrió ante el TACRC porque los técnicos
alegaron que no presentó la carta de pago sobre la garantía del
depósito bancario, mientras que la recurrente entendía que sí entregó en
plazo el seguro de caución. La resolución del TACRC establecía que la
decisión de la mesa fue "desproporcionada" porque el requisito era
subsanable.
A la vista de la resolución del Tribunal del
pasado 26 de junio sobre el recurso especial de Elecnor SA contra la
propuesta de la Mesa de Cotratación, la junta de gobierno ha acordado la
nulidad de la mesa. La empresa recurrió por la valoración de los
técnicos a raíz de la supresión del apartado relativo al plazo de
implantación del plan de ahorro energético y sobre el importe de
garantía complementaria. La recurrente entendía que la mesa había
obviado unos criterios que el pliego marcaba como objetivos con una
puntuación de 0 a 5, mientras que los técnicos municipales alegan que
los licitadores no establecían plazos para desarrollar las inversiones y
el plan de ahorro.
La
portavoz del Grupo Municipal del Bloc-Verds Compromís en Gandia, Lorena
Milvaques, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que su
grupo ha presentado alegaciones a la memoria del nuevo Servicio
Energético de Iluminación Pública de Gandia, cuya exposición pública
acaba el 5 de enero.
Como ya informó saforguia.com, el Gobierno de Gandia privatizará el servicio de alumbrado público y de edificios municipales, con una nueva contrata con la que pretende ahorrar en la factura anual de la energía eléctrica para las arcas municipales.
Lorena Milvaques explicó que en las alegaciones, su grupo pide que “se realicen de manera inmediata por parte del Ayuntamiento los cambios oportunos en los contratos de aquellos edificios municipales en los que las potencias contratadas son excesivas respecto a la demanda”, como por ejemplo las instalaciones deportivas que en verano tienen menos uso, con la finalidad de que “se modifiquen a la baja las condiciones económicas de la contrata”.
Los datos sobre los excesos de potencia y su posterior impacto en el ahorro de la factura están recogidos en las conclusiones de la auditoría energética encargada por el Ayuntamiento, y a disposición del público. Milvaques considera que debe ser el Ayuntamiento el que, antes de determinar la facturación anual de luz primero haga esta corrección para luego externalizar el servicio.
Pese a esta recomendación, la portavoz nacionalista considera que esta nueva privatización, que tendrá tres años de carencia, es un “préstamo encubierto para realizar unas inversiones en alumbrado público que el Ayuntamiento en estos momentos por su situación económica no puede acometer”.
Sobre estas alegaciones de Compromís, la directora general de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos, Clara Carbonell, aclaró que “hasta ahora el alumbrado público y de los edificios municipales tiene un coste anual de 2,2 millones que sumados a los costes de mantenimiento elevan la factura a los 3 millones de euros y, con este nuevo procedimiento saldrá con un precio estimado de 1,8 millones pudiendo ser a la baja, por lo que el ahorro de dinero de los gandienses será considerable”.
Carbonell recordó que el proceso todavía se encuentra en una fase concursal, pendiente de redactar los pliegos y convocar formalmente el concurso público.
Así las cosas, la directora general de Servicios Urbanos señaló que la auditoría ha permitido al Gobierno de Gandia saber de la existencia de contrataciones con términos de potencia sobredimensionados, sobre todo en edificios públicos; de cuadros de alumbrado público con graves problemas funcionales; y la existencia de zonas con sobre iluminación con el correspondiente sobreconsumo eléctrico.
Las gestiones de la futura concesión irán encaminadas, entre otras cosas, “a realizar inversiones para minimizar el consumo energético, a gestionar el recibo eléctrico y al mantenimiento del alumbrado público”. Y en el estudio se contemplan las tres, señala Carbonell, donde la primera se aborda de forma explícita las amortizaciones de las inversiones planteadas en el Plan Director. En la segunda, se actuará en el precio del consumo eléctrico, actualizándolo, y en la tercera, un decrecimiento del mantenimiento del alumbrado público utilizando las sinergias propias de una gran contrata.
Por último, dijo Clara Carbonell, el ajuste de la factura eléctrica comprende también el factor potencia, que reclama Compromís, así como el cambio de compañía que, en ocasiones puede ser para cortos período de tiempo (meses, trimestres, etc). “Sin embargo, ese trámite que muchos hogares realizan en busca del suministrador eléctrico más barato y ajustado al mercado, una empresa lo puede realizar sin problemas pero no así la administración”, indicó.
Gandia prevé ahorrar 1,2 millones de euros al año con la privatización del alumbrado público
La factura de la luz de calles y edificios municipales cuesta
actualmente a los gandienses 3 millones de euros. La portavoz municipal
de Compromís, Lorena Milvaques, advierte que existen contrataciones de
potencia sobredimensionadas, cuadros de alumbrado con problemas y zonas
de la ciudad con exceso de consumo eléctrico. El Gobierno de Gandia
responde que es consciente de ello, y que estas desviaciones se
corregirán en el pliego de condiciones. El proceso todavía está
pendiente de convocar el concurso público.
La
portavoz del Grupo Municipal del Bloc-Verds Compromís en Gandia, Lorena
Milvaques, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar que su
grupo ha presentado alegaciones a la memoria del nuevo Servicio
Energético de Iluminación Pública de Gandia, cuya exposición pública
acaba el 5 de enero. Como ya informó saforguia.com, el Gobierno de Gandia privatizará el servicio de alumbrado público y de edificios municipales, con una nueva contrata con la que pretende ahorrar en la factura anual de la energía eléctrica para las arcas municipales.
Lorena Milvaques explicó que en las alegaciones, su grupo pide que “se realicen de manera inmediata por parte del Ayuntamiento los cambios oportunos en los contratos de aquellos edificios municipales en los que las potencias contratadas son excesivas respecto a la demanda”, como por ejemplo las instalaciones deportivas que en verano tienen menos uso, con la finalidad de que “se modifiquen a la baja las condiciones económicas de la contrata”.
Los datos sobre los excesos de potencia y su posterior impacto en el ahorro de la factura están recogidos en las conclusiones de la auditoría energética encargada por el Ayuntamiento, y a disposición del público. Milvaques considera que debe ser el Ayuntamiento el que, antes de determinar la facturación anual de luz primero haga esta corrección para luego externalizar el servicio.
Pese a esta recomendación, la portavoz nacionalista considera que esta nueva privatización, que tendrá tres años de carencia, es un “préstamo encubierto para realizar unas inversiones en alumbrado público que el Ayuntamiento en estos momentos por su situación económica no puede acometer”.
Sobre estas alegaciones de Compromís, la directora general de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Proyectos, Clara Carbonell, aclaró que “hasta ahora el alumbrado público y de los edificios municipales tiene un coste anual de 2,2 millones que sumados a los costes de mantenimiento elevan la factura a los 3 millones de euros y, con este nuevo procedimiento saldrá con un precio estimado de 1,8 millones pudiendo ser a la baja, por lo que el ahorro de dinero de los gandienses será considerable”.
Carbonell recordó que el proceso todavía se encuentra en una fase concursal, pendiente de redactar los pliegos y convocar formalmente el concurso público.
Así las cosas, la directora general de Servicios Urbanos señaló que la auditoría ha permitido al Gobierno de Gandia saber de la existencia de contrataciones con términos de potencia sobredimensionados, sobre todo en edificios públicos; de cuadros de alumbrado público con graves problemas funcionales; y la existencia de zonas con sobre iluminación con el correspondiente sobreconsumo eléctrico.
Las gestiones de la futura concesión irán encaminadas, entre otras cosas, “a realizar inversiones para minimizar el consumo energético, a gestionar el recibo eléctrico y al mantenimiento del alumbrado público”. Y en el estudio se contemplan las tres, señala Carbonell, donde la primera se aborda de forma explícita las amortizaciones de las inversiones planteadas en el Plan Director. En la segunda, se actuará en el precio del consumo eléctrico, actualizándolo, y en la tercera, un decrecimiento del mantenimiento del alumbrado público utilizando las sinergias propias de una gran contrata.
Por último, dijo Clara Carbonell, el ajuste de la factura eléctrica comprende también el factor potencia, que reclama Compromís, así como el cambio de compañía que, en ocasiones puede ser para cortos período de tiempo (meses, trimestres, etc). “Sin embargo, ese trámite que muchos hogares realizan en busca del suministrador eléctrico más barato y ajustado al mercado, una empresa lo puede realizar sin problemas pero no así la administración”, indicó.
ALICANTE
El Ayuntamiento amortiza 18 plazas y avanza en la privatización de servicios
El gobierno local ya intentó una operación parecida el año pasado, pero recitificó ante la presión sindical
El equipo de gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alicante prevé amortizar 18 plazas vacantes de la
plantilla municipal, la mayoría pertenecientes al área de Atención
Urbana, la antigua Servicios y Mantenimiento, que dirige el concejal
Andrés Llorens. Así aparece recogido en la propuesta que acompaña a los
presupuestos del Consistorio para el presente ejercicio, pendientes aún
de su aprobación inicial. El próximo día 16, tanto las cuentas como el
modelo de plantilla pasarán por el Pleno.
La amortización de plazas supone su desaparición y, en
consecuencia, el Ayuntamiento ya no tiene que convocar los procesos de
selección para cubrirlas. En concreto, se trata de tres plazas de
oficial de talleres, dos de oficial de vías públicas y obras, tres de
oficial de electricista de alumbrado, una de oficial de electricista de
autos, una de oficial mayor, dos de operarario de jardines, una de
operario de vías públicas y obras, una de ayudante de talleres, dos de
ayudante de electricista de alumbrado y una de ayudante de servicios
varios. Además, se propone transformar tres plazas de ayudante cargador
de matadero en dos de ayudante de servicios varios, lo que supone la
pérdida de otra plaza.
No es la primera vez que el Ayuntamiento trata de aprobar
una amortización de este calado. Ocurrió el año pasado, pero la presión
sindical abortó la propuesta. Los representantes de los trabajadores
lograron que el concejal de Recursos Humanos reconsiderara la
iniciativa, que procedía del área de Atención Urbana. Sin embargo, las
plazas que no fueron amortizadas hace un año tampoco han sido convocadas
durante el ejercicio, según denuncia la concejal del PSOE Loles
Cardona.
La edil, encargada en el grupo de la oposición de los
asuntos relacionados con Personal, lamenta la amortización de plazas
porque «creo que es la prueba definitiva que vamos hacia la
privatización de los servicios públicos».
En esta línea se enmarcan precisamente los nuevos
contratos de las denominadas Brigadas 48 horas, promovidas por la
Concejalía de Atención Urbana. O el ya más veterano contrato de limpieza
y mantenimiento parcial del cementerio. Hoy lunes, la Junta de Gobierno
Local prevé aprobar la adjudicación provisional del contrato de la
brigada dedicada a alumbrado. La de reparación de pequeñas obras ya está
en funcionamiento, y así fue presentada la pasada semana por el
concejal Andrés Llorens a los medios de comunicación.
Loles Cardona considera que «en periodos de crisis es
cuando la administración debe promover el empleo público, y no
eliminarlo». Es muy probable que los sindicatos con representación
municipal presenten alegaciones contra la propuesta de amortización de
plazas.
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